Por: Jonathan A. García Nieves
Durante el último trimestre de 2019, el subcontinente
sudamericano se ha visto sacudido por
una escalada de estallidos sociales altamente conflictivos y con fuertes episodios
de violencia. Estos sucesos se han producido, casi simultáneamente, en Ecuador,
Chile y Colombia; y su desarrollo ha hecho sospechar que no se trate de eventos
aislados, ni mucho menos espontáneos, sino de una sucesión de acontecimientos
orquestados por factores con interés en generar desestabilización política en
la región.
Las protestas en cada uno de los países afectados, han
tenido sus particulares detonantes, como lo han sido la eliminación de
subsidios, el alza de precios y el rechazo a la corrupción administrativa. No
obstante, las circunstancias en que se han producido tales protestas, tienen al
menos dos puntos en común, a saber: la expresión de descontento social ante
medidas o modelos económicos implementados por gobiernos críticos al Socialismo
del Siglo XXI (proyecto político-ideológico instaurado por Hugo Chávez y sus aliados
latinoamericanos), y la existencia de graves indicios de injerencia de las
dictaduras cubana y venezolana, mediante la infiltración de agentes encubiertos
entre los manifestantes.
En el caso de Ecuador, una oleada de violencia callejera
estremeció a este país durante la primera quincena del pasado mes de octubre;
ello como protesta por la eliminación de un subsidio a los combustibles. La
protesta, que generó la muerte de al menos 6 personas, hizo que el presidente
Lenín Moreno se viera en la necesidad de trasladar su gobierno desde la capital
de la República (Quito) hasta la ciudad de Guayaquil; y terminó forzándolo a la
derogar el correspondiente decreto, a fin de procurar la pacificación del país.
Colombia, que también ha sido alcanzada por esta ola de
manifestaciones callejeras, está siendo campo de protestas contra las políticas
económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, desde el pasado 21 de
noviembre.
Con ocasión del VIII Gabinete Binacional
colombo-ecuatoriano, celebrado el
pasado 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Cali (a unos 300 km al suroeste
de Bogotá), los presidentes Duque y Moreno han aprovechado para plantar cara a
este fenómeno que ha estado asediando las democracias de la región, y que ya
empieza a ser conocido como “la primavera
latinoamericana”.
En el encuentro, ambos gobernantes acordaron estrechar
lazos binacionales en pro de la defensa y fortalecimiento de la
institucionalidad democrática de la región; y en su declaración final, que
también abordó aspectos de seguridad, defensa e integración fronteriza, entre
otros; ambos mandatarios enfatizaron en la renovaron su compromiso de apostar
por la cooperación y la integración como espacios para el diálogo y la
concertación regional.
El presidente Lenín Moreno, al referirse al derecho
constitucional a la manifestación pública, señaló que las protestas podrían
estar legitimadas; pero, al mismo tiempo,
aludió a factores desestabilizantes que estarían infiltrados en las
mismas.
[Este tipo de manifestaciones] "se tornan peligrosas cuando se filtran en ellas enemigos de la
democracia y la paz”, señaló Moreno.
Asimismo, al invocar los límites democráticos y
constitucionales del derecho a la protesta, Moreno enfatizó en que “hay una línea roja que no hay cómo
atravesar, en la cual se busca desestabilizar al Gobierno, en la cual se
agreden a las personas, se les lesiona físicamente".
Cabe destacar que distintos gobernantes, dirigentes y
analistas políticos han manifestado sospechas de que la “primavera latinoamericana”, habría sido orquestada por las
dictaduras de Caracas y la Habana.
El presidente ecuatoriano expresó que los brotes de
violencia han sido provocados por "fuerzas
extrañas a la paz, a la seguridad y a la libertad" y cuyos autores ya
fueron "identificados".
“A ese grupo no le
interesa el avance de los pueblos, su único interés está en mantener agendas
políticas", señaló Moreno.
Por su parte, el presidente neogranadino, Iván Duque, al
coincidir con las apreciaciones de Lenín Moreno, invocó la Carta Democrática de
la Organización de Estados Americanos (OEA), como instrumento para defender la
institucionalidad amenazada en el continente.
"La democracia
en nuestra región debe ser siempre preservada y fortalecida. No en vano tenemos
una Carta Democrática Interamericana que defendemos, nos inspira y nos motiva",
declaró el gobernante colombiano.
Al igual que Moreno, Duque reconoció el deber
de todo gobierno en cuanto a escuchar el clamor popular y respetar las
protestas pacíficas; pero destacando que éstas deben producirse dentro del
marco constitucional, “porque la
violencia solamente busca deteriorar la democracia y las libertades de los
ciudadanos". Asimismo, condenó a quienes se habrían infiltrado en las
protestas ciudadanas con la finalidad de procurar la desestabilización política
de la región.
"Han pretendido
pescar en río revuelto y aprovecharse de las expresiones genuinas de la
ciudadanía para tratar de incidir con violencia para que se muten a la
violencia", aseveró el presidente colombiano.
Ante este escenario, resulta oportuno tener presente que
la manifestación pública y pacífica es un derecho político fundamental en todo
sistema democrático; y que los factores externos que estarían soliviantando a
los manifestantes de estos países sudamericanos, serían precisamente los dos
regímenes más represivos del continente americano: las dictaduras de Cuba y
Venezuela.
En circunstancias como estas, nos permitimos invocar y
complementar las sabias palabras del eminente filósofo y político francés,
Alexis de Tocqueville: “Los problemas de
la democracia, se resuelven con más democracia”; nunca con la migración
hacia sistemas políticos que, con ofertas populistas, inician seduciendo a las
mayorías desfavorecidas, para luego mostrar su verdadero rostro, que no es otro
que el totalitarismo opresor del hombre y supresor de toda libertad ciudadana.
La democracia no es un sistema perfecto, pero sí
perfectible. Ningún otro sistema político garantiza un hábitat tan propicio
para el respeto de la dignidad y derechos inherentes a la persona humana.
Algunos pueblos olvidan esta realidad por un momento, y ello puede ocasionarles
muy duros y prolongados períodos de opresión y sufrimiento; tal como ha
ocurrido a la nación venezolana, cuya democracia se suicidó en diciembre de
1998 con la elección popular de un militar golpista (Hugo Chávez), cuyo
proyecto político siempre tuvo por objetivo la extinción de la democracia, para
instaurar una dictadura inspirada en el castro-comunismo. Las consecuencias,
que son hoy historia viva, invitan a todo el pueblo latinoamericano a atender y entender las palabras de Juan Pablo
II en su carta encíclica Centesimus Annus:
“La Iglesia aprecia
el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de
los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la
posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de
sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.
Madrid, 20 de diciembre de 2019.