domingo, 17 de mayo de 2020

ARÍSTIDES CALVANI: Apóstol de la Democracia



Don Arístides Calvani, ciudadano y cristiano ejemplar, fue un político y diplomático venezolano, abogado y profesor universitario, cuya vida y obra son merecidamente reconocidas como las de un apóstol de Jesucristo en la vida política venezolana y en las relaciones internacionales.

Por ser modelo de vida cristiana en la familia, el pensamiento humanista, la acción política, la academia, el ejercicio profesional del Derecho y el desempeño de la función pública; y por haber asumido las dimensiones ciudadana y patriótica conforme a los valores de la fe católica; Arístides Calvani es hoy uno de los laicos más emblemáticos del siglo XX, no sólo en Venezuela sino en toda la Iglesia Universal.

Calvani, junto al Dr. José Gregorio Hernández –que, además de médico, también fue científico, académico, profesor universitario y ciudadano ejemplar- son auténticos modelos de ciudadanía y de vida y santidad laical con los que Nuestro Señor nos llama, nos anima y nos impulsa a los laicos venezolanos, para asumir el reto de iluminar los distintos espacios y dimensiones donde hacemos vida. Por ello, ambos se encuentran hoy en proceso de beatificación.

Al Dr. Calvani podemos referirnos con profundo orgullo venezolano y eclesial;  ya que, como ciudadano y como laico, supo asumir y predicar con su ejemplo de vida, toda la teología del laicado y las enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia.

El  centenario de su natalicio es un momento significativo para Venezuela y para la Iglesia; con mayor razón en estos momentos de crisis nacional en que tanta falta nos hacen las luces de quienes  -iluminados por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia- nos precedieron en la procura de la paz y la defensa de la democracia.

Hoy más que nunca, la sociedad venezolana necesita ejemplos de vida civil y de vida cristiana; fijar más la mirada en la vida y obra de compatriotas como los doctores José Gregorio Hernández y Arístides Calvani, en vez algunos liderazgos que sólo nos han llevado a la división, a la confrontación y al desasosiego, ajenos al plan de Dios para nuestro país.

Como bien dijo Juan Pablo II en su Exhortación Post-sinodal Christifideles Laici, prácticamente retratando la figura del Dr. Calvani a dos años de su trágica muerte: los laicos católicos debemos ser "Hombres de Iglesia en el corazón del mundo; y hombres de mundo en el corazón de la Iglesia".

Por todo ello, el Comité Centenario del Natalicio realizará una completa programación, cuya orientación se enmarcará en el tema "Arístides Calvani, laicado y participación política"; ello mediante la organización de conferencias, seminarios nacionales e internacionales; así como la publicación de sus principales discursos y una compilación de ensayos acerca de la vida del “Apóstol de la Democracia”.

Pidamos a Jesucristo, Señor de la Historia y Príncipe de Paz, para que nos conceda rendir, prontamente, el mayor homenaje que merece el Dr. Calvani en el centenario de su natalicio: la plena restauración del sistema democrático y de las libertades ciudadanas en su amada patria, que es la misma nuestra.

Dios bendiga a Venezuela, y a nosotros en ella.

Jonathan A. García Nieves
Miembro del Comité Centenario del Natalicio del. Dr. Arístides Calvani.

Madrid, 12 de julio de 2017.


DEMOCRACIAS DE COLOMBIA Y ECUADOR PLANTAN CARA A LA “PRIMAVERA LATINOAMERICANA”


Por: Jonathan A. García Nieves


Durante el último trimestre de 2019, el subcontinente sudamericano se ha visto  sacudido por una escalada de estallidos sociales altamente conflictivos y con fuertes episodios de violencia. Estos sucesos se han producido, casi simultáneamente, en Ecuador, Chile y Colombia; y su desarrollo ha hecho sospechar que no se trate de eventos aislados, ni mucho menos espontáneos, sino de una sucesión de acontecimientos orquestados por factores con interés en generar desestabilización política en la región.

Las protestas en cada uno de los países afectados, han tenido sus particulares detonantes, como lo han sido la eliminación de subsidios, el alza de precios y el rechazo a la corrupción administrativa. No obstante, las circunstancias en que se han producido tales protestas, tienen al menos dos puntos en común, a saber: la expresión de descontento social ante medidas o modelos económicos implementados por gobiernos críticos al Socialismo del Siglo XXI (proyecto político-ideológico instaurado por Hugo Chávez y sus aliados latinoamericanos), y la existencia de graves indicios de injerencia de las dictaduras cubana y venezolana, mediante la infiltración de agentes encubiertos entre los manifestantes.

En el caso de Ecuador, una oleada de violencia callejera estremeció a este país durante la primera quincena del pasado mes de octubre; ello como protesta por la eliminación de un subsidio a los combustibles. La protesta, que generó la muerte de al menos 6 personas, hizo que el presidente Lenín Moreno se viera en la necesidad de trasladar su gobierno desde la capital de la República (Quito) hasta la ciudad de Guayaquil; y terminó forzándolo a la derogar el correspondiente decreto, a fin de procurar la pacificación del país.

Colombia, que también ha sido alcanzada por esta ola de manifestaciones callejeras, está siendo campo de protestas contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, desde el pasado 21 de noviembre.

Con ocasión del VIII Gabinete Binacional colombo-ecuatoriano, celebrado el pasado 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Cali (a unos 300 km al suroeste de Bogotá), los presidentes Duque y Moreno han aprovechado para plantar cara a este fenómeno que ha estado asediando las democracias de la región, y que ya empieza a ser conocido como “la primavera latinoamericana”.

En el encuentro, ambos gobernantes acordaron estrechar lazos binacionales en pro de la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la región; y en su declaración final, que también abordó aspectos de seguridad, defensa e integración fronteriza, entre otros; ambos mandatarios enfatizaron en la renovaron su compromiso de apostar por la cooperación y la integración como espacios para el diálogo y la concertación regional.

El presidente Lenín Moreno, al referirse al derecho constitucional a la manifestación pública, señaló que las protestas podrían estar legitimadas; pero, al mismo tiempo,  aludió a factores desestabilizantes que estarían infiltrados en las mismas.

[Este tipo de manifestaciones] "se tornan peligrosas cuando se filtran en ellas enemigos de la democracia y la paz”, señaló Moreno.

Asimismo, al invocar los límites democráticos y constitucionales del derecho a la protesta, Moreno enfatizó en que “hay una línea roja que no hay cómo atravesar, en la cual se busca desestabilizar al Gobierno, en la cual se agreden a las personas, se les lesiona físicamente".

Cabe destacar que distintos gobernantes, dirigentes y analistas políticos han manifestado sospechas de que la “primavera latinoamericana”, habría sido orquestada por las dictaduras de Caracas y la Habana.

El presidente ecuatoriano expresó que los brotes de violencia han sido provocados por "fuerzas extrañas a la paz, a la seguridad y a la libertad" y cuyos autores ya fueron "identificados".

A ese grupo no le interesa el avance de los pueblos, su único interés está en mantener agendas políticas", señaló Moreno.

Por su parte, el presidente neogranadino, Iván Duque, al coincidir con las apreciaciones de Lenín Moreno, invocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), como instrumento para defender la institucionalidad amenazada en el continente.

"La democracia en nuestra región debe ser siempre preservada y fortalecida. No en vano tenemos una Carta Democrática Interamericana que defendemos, nos inspira y nos motiva", declaró el gobernante colombiano.

Al igual que Moreno, Duque reconoció el deber de todo gobierno en cuanto a escuchar el clamor popular y respetar las protestas pacíficas; pero destacando que éstas deben producirse dentro del marco constitucional, “porque la violencia solamente busca deteriorar la democracia y las libertades de los ciudadanos". Asimismo, condenó a quienes se habrían infiltrado en las protestas ciudadanas con la finalidad de procurar la desestabilización política de la región.

"Han pretendido pescar en río revuelto y aprovecharse de las expresiones genuinas de la ciudadanía para tratar de incidir con violencia para que se muten a la violencia", aseveró el presidente colombiano.

Ante este escenario, resulta oportuno tener presente que la manifestación pública y pacífica es un derecho político fundamental en todo sistema democrático; y que los factores externos que estarían soliviantando a los manifestantes de estos países sudamericanos, serían precisamente los dos regímenes más represivos del continente americano: las dictaduras de Cuba y Venezuela.

En circunstancias como estas, nos permitimos invocar y complementar las sabias palabras del eminente filósofo y político francés, Alexis de Tocqueville: “Los problemas de la democracia, se resuelven con más democracia”; nunca con la migración hacia sistemas políticos que, con ofertas populistas, inician seduciendo a las mayorías desfavorecidas, para luego mostrar su verdadero rostro, que no es otro que el totalitarismo opresor del hombre y supresor de toda libertad ciudadana.

La democracia no es un sistema perfecto, pero sí perfectible. Ningún otro sistema político garantiza un hábitat tan propicio para el respeto de la dignidad y derechos inherentes a la persona humana. Algunos pueblos olvidan esta realidad por un momento, y ello puede ocasionarles muy duros y prolongados períodos de opresión y sufrimiento; tal como ha ocurrido a la nación venezolana, cuya democracia se suicidó en diciembre de 1998 con la elección popular de un militar golpista (Hugo Chávez), cuyo proyecto político siempre tuvo por objetivo la extinción de la democracia, para instaurar una dictadura inspirada en el castro-comunismo. Las consecuencias, que son hoy historia viva, invitan a todo el pueblo latinoamericano a  atender y entender las palabras de Juan Pablo II en su carta encíclica Centesimus Annus:

La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.

Madrid, 20 de diciembre de 2019.

ACNUR PREVÉ QUE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS ALCANZARÁN LOS 6,5 MILLONES PARA 2020.


Por: Jonathan A. García Nieves 

Así lo señaló Eduardo Stein, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su intervención de este lunes 28 de octubre de 2019, en conferencia internacional que está teniendo lugar en Bruselas, con ocasión de la crisis humanitaria generada por el régimen castro-comunista de Venezuela.

ACNUR ya ha reconocido que, en la actualidad, la cantidad de refugiados y migrantes venezolanos alcanza los 4,5 millones; por lo que el incremento para el próximo año será de un será de un 44,4 % con respecto a 2019; alcanzando los 6,5 millones, lo que representa un poco más de una quinta parte de la población de ese país caribeño. Sin duda, se trata de una diáspora sin precedentes en el continente americano.

El representante de ACNUR, refiriéndose a la tragedia del pueblo venezolano, aseveró que "No hay visos de que la crisis migratoria vaya a terminar, y la vulnerabilidad de la población aumenta"; y, asimismo, señaló que se trata de una "crisis que hace peligrar la estabilidad regional", por lo que "es acuciante la necesidad de una respuesta coordinada y avalada por la comunidad internacional".

Este evento ha sido organizado por la Unión Europea junto con la ONU –a través de ACNUR- y la Organización Internacional para las Migraciones; con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional y, así, procurar apoyos para la solución –o al menos la paliación- de esta grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela: país que, hasta antes de la llegada de Chávez al poder, fuera considerado el más próspero de América Latina; y cuya democracia llegó a ser la más estable de toda la región entre 1958 y 1999.

La conferencia durará un par de días, y no pretende la captación de donantes, sino la sensibilización de la comunidad internacional, sobre la dramática situación de los refugiados venezolanos y la problemática que representan para los distintos países de receptores; entre los que destacan Colombia con 1.300.000 de acogidos, Perú con 768.000 y Chile con 288.000.   

En el mismo evento, Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, alertó acerca del apoyo que ameritan tanto los más de 4,5 millones de refugiados venezolanos dispersos por el mundo, como los países de acogida, la mayoría de los cuales se ven superados en sus capacidades de respuesta ante una crisis de semejante magnitud.
Queremos crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis, queremos confirmar e incrementar el apoyo internacional para una respuesta regional y coordinada", expresó la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

Según el Gobierno Español, representado por el ministro de Asuntos Exteriores, en funciones, Josep Borrell; en los últimos dos años España ha destinado 14 millones de euros a esta crisis humanitaria, y la Unión Europea un total de 117 millones.

En este contexto, resuena la voz profética del Magisterio Social de la Iglesia Católica, que interpela las conciencias de la siguiente manera: “La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto parte de una Comunidad Internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, «es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor». El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas.

Madrid, 29 de octubre de 2019.

CRISIS DIPLOMÁTICA ENTRE GOBIERNO DE EL SALVADOR Y RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO


Por: Jonathan A. García Nieves

El Gobierno de El Salvador ordenó la expulsión de la representación ‘diplomática’ del régimen de Nicolás Maduro en ese país, y emplazó a sus integrantes a abandonar territorio salvadoreño en lapso de 48 horas.
Según documento emanado del despacho del presidente Nayib Bukele este sábado 02 de noviembre, la decisión fue tomada como un acto de coherencia en la política internacional de su gobierno; el cual forma parte de los 54 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, luego de que Maduro pretendiera quedarse en el poder para un segundo período de 6 años, tras unos comicios considerados fraudulentos por la oposición venezolana y por gran parte de la comunidad internacional.
Entre los gobiernos y organismos internacionales que desconocen a Maduro como presidente de Venezuela, se encuentran la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados Unidos, Canadá; Reino Unido, Alemania, Francia, España, Portugal y la inmensa mayoría de países de Iberoamérica.

El documento oficial del Gobierno Salvadoreño expresa que la medida es cónsona con el voto que ese país centroamericano emitiera en la sesión de la OEA el pasado 28 de agosto, cuando la mayoría de países de ese organismo continental, votaron en apoyo al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; informe éste en el que "se admitió y certificó que el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los venezolanos".

Al mismo tiempo, el gobierno de Bukele señala que reconoce la legitimidad del presidente encargado, Juan Guaidó, hasta tanto se realicen elecciones libres, en concordancia con la Constitución venezolana.
"En un futuro cercano, el gobierno salvadoreño espera la recepción de credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela", se añade en el comunicado.
El texto concluye expresando que El Salvador "apoyará votaciones libres, supervisadas por la comunidad internacional y que garanticen la voluntad del pueblo hermano de Venezuela".
La reacción del régimen usurpador de Nicolás Maduro no se ha dejado esperar; y, al día siguiente del comunicado salvadoreño, declaró como personas non-gratas a los miembros del cuerpo diplomático de El Salvador en Venezuela, exigiéndoles abandonar territorio de ese país en lapso de 48 horas.
Soslayando el peso político de los restantes países y organismos internacionales, que se han pronunciado en contra de la usurpación y en pro de la realización de elecciones libres en Venezuela; la cancillería de Maduro, respondió arremetiendo exclusivamente contra los Estados Unidos y el gobierno del presidente Bukele: "Las autoridades salvadoreñas no procuran otra cosa que suministrar un exiguo balón de oxígeno a la menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo económico contra en pueblo de Venezuela", "Bukele asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior estadounidense".
Internacionalmente, Maduro cuenta con el apoyo de los gobiernos de Rusia y China, ambos con grandes intereses económicos en Venezuela. Asimismo, tiene el respaldo de Turquía, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia y de los países miembros del Movimiento de los No Alineados (MNOAL), en su mayoría integrado por gobiernos de Asia y de África; países éstos, gracias a cuyos votos el régimen de Maduro fue elegido recientemente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; muy a pesar de que ese mismo organismo global, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Michele Bachelet), emitiera un informe en el que quedó plasmada la sistemática violación de derechos humanos por parte del referido régimen, y en virtud del cual fuera solicitada una investigación contra Venezuela.
Todo parece apuntar a que los países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, privilegian sus intereses económicos y geopolíticos, así como su tendencia ideológica; sin importar la dignidad humana mancillada y vilipendiada por una tiranía cuyas atrocidades están plenamente documentadas en informes de la ONU.
Las grandes inversiones chinas y rusas, realizadas en suelo venezolano por su ‘amistad’ con Hugo Chávez; recursos naturales valiosos y estratégicos como el coltán y el uranio –por no hablar de petróleo y gas- y una ideología marcadamente anticristiana como lo es el Socialismo del Siglo XXI; mueven los hilos de los apoyos al régimen de Maduro.
Posiciones como la del gobierno de El Salvador hacen creer en una comunidad internacional realmente solidaria, más humanista; capaz de anteponer la dignidad de la persona humana y de los pueblos, por sobre cualquier otro interés; haciendo resonar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica: “…la solidaridad internacional es una exigencia de orden moral; la paz del mundo depende en gran medida de ella” (No. 1941).

Madrid, 08 de noviembre de 2019.

ECUADOR RECIBE AYUDA DE JAPÓN, PARA ATENDER CRISIS DE REFUGIADOS VENEZOLANOS


Por: Jonathan A. García Nieves

 

Producto de una alianza de cooperación internacional, Ecuador contará con 3,2 millones de dólares (equivalentes 350 millones de yenes japoneses), aportados por el gobierno nipón, con la finalidad de atender las necesidades alimentarias de los ciudadanos venezolanos que han debido refugiarse en ese país sudamericano, a causa de la grave crisis humanitaria generada tras 20 años de “Revolución Bolivariana”.
Con estos recursos financieros, el gobierno del presidente Lenín Moreno obtiene un significativo apoyo internacional, que permitirá la ejecución de un plan de asistencia alimentaria con una duración de cuatro meses, entre diciembre de diciembre de 2019 y marzo de 2020, y el cual beneficiará a los refugiados venezolanos en estado de vulnerabilidad.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Gobierno de Ecuador, el aporte nipón fue formalizado el pasado miércoles 27 de noviembre de 2019, mediante suscripción de las respectivas notas diplomáticas entre la Embajada de Japón en Ecuador y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es la agencia  de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la distribución de alimentos a personas desplazadas y refugiados de larga duración.
Estos recursos vienen a incrementar el fondo de cooperación financiera no reembolsable, denominado “Garantía de Ayuda Alimentaria para la Crisis Migratoria de Venezuela en Ecuador”, y serán canalizados a través del PMA; razón por la que el canciller ecuatoriano, José Valencia, agradeció la valiosa colaboración de las partes cooperantes, que apuntalan al Ecuador en su capacidad de respuesta como uno de los mayores receptores de refugiados venezolanos en esta crisis que afecta toda la región.
La gestión del programa estará a cargo del PMA, y se materializará mediante la entrega de cupones para la obtención de alimentos, por un importe de 25 dólares, que serán entregados a la población más vulnerable entre los refugiados venezolanos; y también incluirá la provisión de insumos a comedores comunitarios, así como kits de emergencia en dos puntos fronterizos con Colombia (Rumichaca y San Miguel) y otro con Perú (Huaquillas), los cuales suelen ser utilizados por los venezolanos en sus desplazamientos –muchas veces a pie- hasta Ecuador, Perú y Chile.
El representante del PMA en Ecuador, Mario Touchette, informó que el programa será ejecutado en 14 de las 24 provincias del país y, al mismo tiempo, destacó que su financiamiento será exclusivamente con recursos provenientes de la cooperación internacional.
Esto ayuda, y mucho, a los esfuerzos del gobierno de Ecuador por procurar que la migración venezolana en nuestro país sea segura”, destacó el canciller ecuatoriano.
Según información del gobierno ecuatoriano, en los últimos años, a raíz de la grave crisis humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro insiste en negar; en su travesía desde Venezuela, atravesando Colombia y con destino a Perú y Chile, han pasado por Ecuador más de 1,5 millones de desplazados venezolanos; de los cuales unos 400.000 se han asentado en ese país.
El presidente Lenín Moreno, como parte de su política migratoria ante una crisis de refugiados que supera las capacidades de su gobierno, dictó un decreto ejecutivo mediante el cual establece la necesidad de una visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos, que deseen ingresar a Ecuador desde el pasado 26 de agosto. Y, asimismo, dispuso la realización de un censo de estos refugiados, y la regularización de su estatus migratorio mediante concesión de visa humanitaria de carácter temporal.
En la actualidad, el pueblo venezolano se dispersa por el mundo, alcanzando una diáspora que, según cifras de ACNUR, alcanzará los 6,5 millones de personas en los próximos meses.
En medio de estas duras circunstancias, los venezolanos migrantes nos sabemos amados por Dios; y parte de ese amor nos lo prodiga a través de Su Iglesia, cuyo magisterio social acerca de los refugiados enseña que éstos “se ven obligados a huir de los lugares donde viven habitualmente, hasta encontrar protección en países diferentes de donde nacieron. La Iglesia muestra por ellos un especial cuidado, no sólo con la presencia pastoral y el socorro material, sino también con el compromiso de defender su dignidad humana: «La solicitud por los refugiados nos debe estimular a reafirmar y subrayar los derechos humanos, universalmente reconocidos, y a pedir que también para ellos sean efectivamente aplicados».” (Compendio de a Doctrina Social de la Iglesia, No. 505).

Esta y toda otra crisis de refugiados, representa para el pueblo cristiano una ocasión para la caridad, y muy especialmente una oportunidad para reconocer en el migrante el rostro de Cristo vivo, que nos interpela: “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me acogisteis”. (Mt. 25: 35).

Madrid, 04 de diciembre de 2019.

EL SÍNDROME DEL PLANETA DE LOS SIMIOS


Por: Jonathan A. García Nieves


Explicar el grado de surrealismo que abruma la cotidianidad venezolana en estos tiempos, estertores ya de la “revolución bolivariana”, constituye un verdadero reto para quienes sentimos el deber de comunicar lo ocurrido en nuestro país, y dejar constancia de ello para la posteridad. Se trata de una tragedia humanitaria para cuya explanación faltan las palabras y sobreabundan las dolorosas vivencias.

Sabemos que es, sin duda, una realidad de difícil comprensión para cualquier persona ajena a nuestro país. Y justo por ello debemos insistir en la misión de aportar análisis y elementos juicio que, en alguna medida, pudieran facilitar una valoración más próxima al drama sufrido por el pueblo venezolano. Quizás algún día la humanidad reflexione y aprenda de nuestra tragedia. Y por ello todos los hijos de esta golpeada “Tierra de Gracia”, que contemos con ‘tinta y papel’, estamos llamados a ser los Ana Frank de este feroz narco-comunismo, auto-denominado Socialismo el Siglo XXI.

A este fin, me permitiré en esta oportunidad recurrir a la cultura pop, para aportar un símil que creo podría ser de utilidad para poner en situación a quienes, por estar fuera de nuestro contexto, aún hoy no logran entender la barbarie que representa el comunismo narco-chavista.

Los cinéfilos de varias generaciones hemos disfrutado de un impactante film de ciencia ficción que, basado en la einsteniana Teoría de la Relatividad del Tiempo y el Espacio, nos relata la historia de un pequeño grupo de astronautas que, al retornar de un viaje espacial a la velocidad de la luz, llega al que era su mundo físico (la Tierra); pero en un tiempo post-apocalíptico en el que la civilización ha sido destruida y en que los simios alcanzan dominar el planeta, tiranizando a la raza humana y sometiéndola a las más degradantes condiciones de vida.

Se trata de El Planeta de los Simios (Planet of the Apes, 1968), famoso largometraje cuyo protagonista, el coronel George Taylor (Charlton Heston), pese a reconocer ciertos aspectos físicos del entorno, como el paisaje y algunas ruinas que le hacen indubitable el estar pisando nuevamente la superficie terrestre; al mismo tiempo desconoce aquel mundo dantesco con el que se ha encontrado: una civilización ajena a la suya, con un sistema social primitivo, peligroso, severamente hostil al hombre; y el cual lo reta a la supervivencia en medio de la precariedad, el hostigamiento y la persecución.

Este personaje, sin duda, nos muestra la configuración de un duelo psico-social que raya en lo escatológico: una situación existencial marcada por la pérdida de su mundo conocido, pero al mismo tiempo conservando y representando en su persona todo el legado histórico, cultural y epistémico de aquella civilización perdida; en una experiencia humana que nos atrevemos a denominar como el “síndrome del planeta de los simios”.

Al disfrutar de este film, en varias oportunidades a lo largo de los años, siempre nos resultó inverosímil que este ‘síndrome’ -o algo muy parecido a él- fuera posible más allá de la fantasía hollywoodense. Pero, desafortunadamente, nos equivocamos: en la Venezuela de hoy, este fenómeno no sólo es perfectamente posible sino también probable. Lo podría estar experimentando cualquier ciudadano que hubiera partido del país en enero de 1999, y al que, sin haber tenido contacto alguno con nuestra realidad nacional durante estos últimos 20 estos años, le correspondiera regresar en los actuales momentos.

Este ciudadano pertenecería a una sociedad venezolana profundamente libre y democrática (la democracia más madura y estable de América Latina), en la que se ejercía el derecho al sufragio en el marco de un sistema electoral altamente confiable, tanto para la ciudadanía como para las organizaciones políticas y la Comunidad internacional; sería ciudadano de una auténtica república: un sistema político en el que un solo hombre -y menos aún un tirano- jamás podría ostentar el poder absoluto, sino que éste (el poder), por salud del sistema y seguridad de los ciudadanos, se repartiría equilibradamente entre institucionalidad ejecutiva, legislativa y judicial.

Esa república ya extinta, pero que forma parte del bagaje existencial de nuestro ‘viajero en el tiempo’, llegó a ser tan sólida y creíble, que el Poder Judicial era capaz de controlar al Gobierno y la Administración Pública, pronunciando y ejecutando, con normalidad, sentencias condenatorias en su contra. Y, por su parte, el Parlamento -cuya mayoría para ese momento no era ostentada por el partido de gobierno- podía ejercer todas sus competencias legislativas y de control político, sin que ello fuera excusa para su desconocimiento institucional por el Ejecutivo. Contaba Venezuela con partidos políticos que no pretendían la extinción del sistema democrático, sino que le defendían como hábitat propicio para su propia existencia y para la libertad de los ciudadanos. El ‘juego político’ estaba en manos de civiles: hombres y mujeres civilizados y civilizadores, respetuosos de las libertades ciudadanas y firmes devotos del Principio de Alternabilidad Democrática.

El Estado de Derecho del que proviene nuestro ‘viajero en el tiempo’, fue lo suficientemente robusto como para haber enjuiciado, condenado y destituido a un presidente de la República en pleno ejercicio del poder (Carlos Andrés Pérez); quien -por demás- se sometió a la autoridad judicial con un civismo ejemplarizante, tan firme como la valentía con que enfrentó el intento de golpe de estado, que contra la Democracia dirigiera Hugo Chávez en 1992.

Cabe destacar que, a su llegada, nuestro compatriota retornante esperaría aterrizar en el que fuera uno de los aeropuertos más modernos y eficientes de Latinoamérica (el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar); para, de inmediato, dirigirse a su hogar materno repleto de familiares que jamás habrían emigrado; atravesando una Caracas espectacularmente luminosa (la capital del país que exportaba electricidad a Brasil y Colombia); y transitando el seguro y estético sistema de autopistas y carreteras, eficientemente administrado por los gobiernos estadales, y el cual se exhibía como uno de los más visibles e inequívocos éxitos de nuestro sistema político-administrativo descentralizado.

Este retornante venezolano, creería que le esperan estaciones de servicio repletas de gasolina, supermercados bien abastecidos; una ciudad de Maracaibo paradójicamente gélida por tan grande cantidad de aires acondicionados en funcionamiento 24 horas al día; una Valencia formidablemente industrializada; una extensa llanura sembrada de cereales para consumo interno y exportación, con inmensos rebaños de ganado bovino que sirvieron de inspiración a grandes obras literarias; y una pujante industria petrolera de clase mundial: la mayor fuerza motriz de nuestra economía.

Pero, cual coronel George Taylor en El Planeta de los Simios, este ciudadano se encontrará con las ruinas de todo lo que un día fue su mundo-país. Toda la infraestructura y la capacidad productiva de Venezuela hechas añicos. Se topará con la república perdida, con la inexistencia del estado de Derecho; con el poder público sin separación alguna, y dominado por el Ejecutivo.

Evocando la icónica imagen de la estatua de la Libertad, que en la película aparece semi-enterrada a orillas del mar; de la Dama de la Justicia, nuestro compatriota retornante logrará divisar apenas un ápice, poco sobresaliente de entre las rojizas arenas del “Mar de la Felicidad” prometido por Hugo Chávez: el gran sociópata de nuestra historia patria.

Y lo que es más grave, nuestro imaginario compatriota viajero en el tiempo, se encontrará cara a cara con una raza de “hombres nuevos” esculpidos en dos décadas de narco-comunismo; un grupo humano desfigurado de valores, que parece haber apostatado de la civilización para abrazar la fe en la expoliación, el crimen, la corrupción y la dominación sobre sus congéneres como sistema de vida; grupo éste dominado por hombres de verde en grosera actividad político-partidista, y también por civiles que pasaron de ser meros militantes del partido de gobierno, para convertirse en milicianos fuertemente armados y a las órdenes de un general que sabe hacer muy bien su papel de Urko.

Imaginar lo que pudiera experimentar con su cuerpo, su psiquis y su espíritu este venezolano retornante en el tiempo, quizás pudiera ayudar a que el mundo entienda un poco más lo que se padece en Venezuela.

Los venezolanos estamos conscientes de nuestra propia responsabilidad, y por ello hemos hecho todo lo posible por lograr liberarnos de esta dramática situación; tenemos 20 años votando a pesar del fraude continuado, manifestando masivamente; y tiñendo, una y otra vez, el asfalto de las calles con el rojo de nuestra sangre, a manos de estos “hombres nuevos” que nos disparan como en juego de tiro al blanco.

Nosotros saldremos de este Planeta de los Simios; pero el resto de la humanidad tiene el deber moral de venir en nuestro refuerzo. El Deber de Proteger a los pueblos es doctrina tanto de la ONU como de la Iglesia Católica.

La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada, o cuyos derechos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto partes de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, ‘es legitimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor’. El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 506).

Vaya a mi amada Patria una palabra de esperanza. Con el esfuerzo de todos, más pronto que tarde podremos superar este ‘síndrome del planeta de los simios’. El mal puede que nos haya ganado varias batallas, pero nunca nos ganará la guerra, porque éste nunca podrá prevalecer sobre Bien. Mantengamos nuestra lucha, cada uno en su ámbito de acción y conforme a sus posibilidades; y confiemos en Nuestro Dios que –con seguridad- nos mira con el mismo amor que al pueblo de Israel en sus tiempos de aflicción en Egipto:
«Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo (…), y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de sus sufrimientos.» (Ex. 3:9).


Madrid, 27 de noviembre de 2019.

EL VALOR DE LA VERDAD EN EL ESTADO Y EL DERECHO VENEZOLANO


Por: Jonathan A. García Nieves

El valor de la Verdad es piedra angular en la edificación de toda comunidad política. El Estado y el Derecho requieren sustentarse en un profundo respeto a este valor, cuyo imperio es presupuesto indispensable tanto para la realización de la Justicia, como para el logro de la Paz: dos elementos claves para alcanzar la gobernabilidad y la estabilidad política.
Sin estricto apego a la Verdad, mal puede imperar la Justicia, ya que ésta última sólo puede brillar cuando es pronunciada sobre la base de hechos ciertos y fehacientemente comprobados. Sin fundamento en la Verdad, toda sentencia judicial será hija de la arbitrariedad y madre de la injusticia.
De igual manera, cuando el funcionamiento del aparato estatal se aparta de este valor fundamental, la credibilidad de las instituciones resulta corroída; generándose entre la ciudadanía un clima de desconfianza, incertidumbre y desasosiego generalizado; con lo cual la Paz de la comunidad política se vacía de contenido, quedando reducida a la tensa calma: estadio situacional en que, a pesar de la ausencia de guerra, se experimenta la ausencia de paz.
En medio de la mayor crisis nacional de nuestra historia, la sociedad venezolana tiene ante sí la titánica tarea de reinstaurar los cimientos morales, políticos y jurídicos de la República; entre los que se encuentra la Verdad. Restablecer el imperio de este principio-valor en nuestros distintos ámbitos relacionales, y muy particularmente en el de la comunidad política que todos conformamos, es una impostergable misión y una grave obligación inter-generacional de los venezolanos. Se trata de la reparación de un profundísimo daño moral, psico-social e institucional; gestado durante dos décadas de este totalitarismo adicto a la mentira, el engaño, la posverdad y la manipulación mediática, que es el chavismo.
Para cumplir con éxito esta histórica misión, los venezolanos hemos de tener presente que, en nuestro sistema político-constitucional, la Verdad no es un mero valor axiológico, y dista mucho de ser una idea carente de concreción jurídico-institucional. Por el contrario, en Venezuela, este valor ha sido acogido dentro del ordenamiento jurídico, confiriéndosele un lugar relevante en el Derecho Público, con efectos prácticos en toda la institucionalidad republicana.
Así, en nuestra república, la Verdad es más que una norma moral; alcanza a ser un principio jurídico-político, desarrollado mediante normas constitucionales y legales plenamente vinculantes y exigibles a todo ciudadano; y muy particularmente a aquellos que se encuentren investidos de autoridad, que son los mayores responsables de la vida pública y que, por tanto, deben abrazar y restablecer el referido principio-valor, en procura de perfeccionar toda estructura social, cultural, económica, jurídica y política del país.
El vigor de la Verdad como principio jurídico-político, sin duda alguna ha de ser restablecido en toda la institucionalidad republicana. No obstante, como prioritarios, nos atrevemos a considerar tres ámbitos en particular, a saber: 1. el ejercicio del Poder Público; 2. el régimen de los medios de comunicación social; y 3. la configuración del sistema educativo.
Empezando por el Poder Público, resulta indispensable que la rama Judicial se encuentre en manos de ciudadanos de una probidad ejemplar y ejemplarizante. Para ser juez o magistrado no basta con acreditar titulaciones universitarias en Derecho; más allá de la necesaria formación académica, se requiere de hombres y mujeres con un profundo compromiso con la Verdad, sin cuya valoración jamás podrán administrar verdadera y auténtica Justicia.
En ello, quienes hoy ocupan –en buena medida por usurpación- los órganos jurisdiccionales de la República, tienen la gran responsabilidad de intentar recordar –o, acaso, aprender por primera vez- aquel principio fundamental que, en su paso por el Alma Mater, intentaron enseñarles sus profesores de Derecho Procesal; y el cual fuera plasmado por el Legislador en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil:Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio…”
La República está urgida de un Poder Judicial independiente y ajeno a toda parcialidad política. Sólo así la sociedad venezolana podrá confiar en la Administración de Justicia; y, por ende, no se ameritará constituir ninguna comisión de la verdad’ para llegar al fondo de los hechos de que se trate; pues tal figura no tiene lugar dónde y cuándo el Poder Judicial es fiel a su misión de conocer la Verdad, tenerla por norte de sus actos y declararla mediante sentencia.
Conforme a la Constitución y la Ley, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y, en general, todo organismo público; deben funcionar con sujeción al Principio de Transparencia Administrativa; el cual, para la ciudadanía, representa una garantía de fácil acceso a la verdad en relación con sus respectivas gestiones públicas. Sin apego a este principio de Transparencia -y aunque ello no fuere de manera dolosa- habrá siempre una reprochable ocultación de la verdad.
El Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; tiene especial responsabilidad en la restauración de la Verdad como valor fundamental de nuestra vida republicana. Los artículos 274 y 278 de la Constitución, le imponen la obligación de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; así como promover actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de las virtudes cívicas y los valores trascendentales de la República; uno de los cuales, conforme al artículo 45 del instrumento que rige el funcionamiento de este órgano del Poder Público (la Ley Orgánica del Poder Ciudadano), es precisamente la Transparencia, que exige de todo funcionario público el respeto del derecho de toda persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla”.
La ciudadanía exige credibilidad a la República y, a su vez, ésta necesita la confianza de los ciudadanos para preservar su legitimidad como expresión jurídico-organizativa de nuestra nación. En este sentido, los órganos del Poder Público deben garantizar a todos los venezolanos su derecho de acceso a la información veraz; así como respetar la comunicación libre, plural, oportuna, imparcial y sin censura (artículo 58 de la Constitución); sin la cual los medios se ven impedidos de informar la verdad. La libertad de prensa es una garantía constitucional, y también una condición sine qua non para el pleno vigor de la democracia. De igual manera, informar la verdad es un derecho del mismo rango y valor que el de tener acceso a ella.
El declarar la verdad es un deber legal de todo ciudadano, incluidos los gobernantes. No fue el robo de documentos en Watergate lo que en 1974 provocó la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos; mas sí lo fue su pretensión de encubrir tal hecho, es decir, su afrenta a la Verdad en una sociedad política en que este valor es altamente estimado. En nuestro país existen normas jurídicas que constriñen a los gobernantes en igual sentido; pero, al no haber división de poderes ni estado de Derecho, quien hoy usurpa la presidencia de la República -al igual que antes lo hiciera su difunto predecesor- se permite mentir a sus anchas, ocultar la verdad de manera impune; ello bajo el amparo de sus colegas usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano.     
Por otra parte, observamos que el valor fundamental in comento también ha de ser restablecido en el sistema educativo venezolano. Tras largos años de su utilización como maquinaria ideologizante en favor del Socialismo castro-chavista, resulta perentorio que el Estado Docente retorne al marco constitucional (artículo 102), que establece que la Educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Una educación ideologizada e ideologizante se encuentra totalmente desnaturalizada como instrumento para la búsqueda y encuentro de la Verdad.
Particularmente en el ámbito de la educación superior, el régimen, de manera sistemática, ha asfixiado presupuestaria y financieramente a las universidades nacionales autónomas; por ser espacios de intelectuales entre los que son abierta minoría los adeptos a la “Revolución Bolivariana. Pero, al mismo tiempo, se ha instituido y provisto de recursos a la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV): una institución que, desde su fundación en 2003, ha sido utilizada como el más alto espacio para la ideologización en favor del autodenominado "Socialismo del Siglo XXI"; lo cual constituye una inefable negación de la esencia académica y del espíritu universitario que, tal como lo establecen los artículos 1 y 4 de la Ley de Universidades, se encuentran en la la tarea de buscar la verdad”, de manera abierta a todas las corrientes del pensamiento universal”.
En este escenario, la desideologización de la enseñanza ha de ser, sin duda, de nuestros mayores esfuerzos por recuperar los cimientos institucionales de nuestra República. Y en ello queremos cifrar hoy nuestra esperanza ciudadana y académica.
Más pronto que tarde, habremos restablecido el orden de las cosas en nuestro país. En ese tiempo resplandecerá nuevamente la luz de la Verdad; y, con ello, el venezolano, ya liberado de su esclavitud a la mentira sistémica instaurada por el régimen, tendrá nueva oportunidad de experimentar una de las más grandes promesas del Redentor: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32).

Madrid, 05 de febrero de 2020.

EL VALOR TEOLÓGICO-POLÍTICO DE LA VERDAD


Por: Jonathan A. García Nieves

La comunidad política, como todo ámbito de la vida social, requiere de puntos de referencia que guíen su estructuración y conducción por la senda del Bien Común.
El cristianismo predica valores fundamentales de la vida social y política, desentrañados de la revelación bíblica; y los cuales, por ser inherentes a la dignidad de la persona humana, no están limitados a determinadas culturas ni épocas, sino que constituyen un acervo común e imperecedero de toda la humanidad.
Entre estos valores se encuentra la Verdad; la cual se yergue como gran faro lumínico que nos permite mantener el rumbo cierto, a pesar de las brumas de algunos sistemas, proyectos, intenciones, ideologías y postulados, que amenazan obscurecer el entendimiento.
En su carta encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II afirmó que “Ciertamente, para tener una «conciencia recta», el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad”. De tal manera, la Verdad, como valor fundamental de la comunidad política, requiere del ejercicio personal de la virtud y, por ende, de una actitud moral de todos los miembros del cuerpo social, que han de abrazar este valor como garantía para alcanzar una recta conciencia ciudadana.
Así, tanto los ciudadanos comunes como los gobernantes –que son los mayores responsables de la vida pública- deben buscar y abrazar el valor de la Verdad, en procura de perfeccionar toda estructura social, cultural, jurídica, política y económica del país.
En la comunidad política, la mentira en todas sus vertientes, manifestaciones y recursos retóricos (falsedad, engaño, manipulación; calumnia, injuria, perjurio, eufemismo, posverdad, fake-new; populismo, demagogia, etc.), se contrapone al Bien Común; y, por ende, va en contra del plan de Dios para la humanidad.
En el ámbito del ser, el orden social deseado Dios, es inherente a su esencia en el hombre, que –creado a su imagen y semejanza- está predestinado a conformar el cuerpo social en reflejo de algunos atributos divinos como la Libertad, la Justicia, el Amor y la Verdad.
Dios, que es verdadero e infinitamente veraz, llama al hombre a su encuentro. Razón por la cual, el ser humano, por naturaleza, siempre mostrará inquietud ante lo desconocido, y se sentirá atraído hacia el conocimiento de la Verdad, de manera similar cómo el hierro es atraído por la fuerza magnética. Se trata de una hermosa realidad ontológica, insuperablemente descrita por San Agustín de Hipona: “Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”.
No obstante, el hombre, esencialmente atraído por el conocimiento de la Verdad, no necesariamente abrazará ésta al encontrarla; pues, así como en su naturaleza está el sentirse atraído por la Verdad, también en su naturaleza está la libertad de aceptarla, creerla, asumirla y honrarla. Ello en virtud de que la persona humana, en su libre albedrío, es también imagen y semejanza de su Creador, que es infinitamente libre.
De modo que el ser humano está naturalmente inclinado al conocimiento de la Verdad; pero sin que ello desvirtúe su libertad de negarla y contradecirla en ejercicio de su libre albedrío.
El hombre puede encontrar o no la Verdad; y, en caso de encontrarla, será libre de reconocerla o negarla, de asumirla o rechazarla. Siempre podrá el hombre incluso mentir y, con ello, afectar el conocimiento y comprensión de la Verdad por terceras personas. Pero lo que nunca podrá el hombre es desvirtuar ni alterar la Verdad, porque ésta es inmutable.
Como bien lo expresara el poeta español, Antonio Machado: “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés”.
Ya en el ámbito del deber-ser, es de destacar que el hombre, además de su natural inquietud por la Verdad, tiene el deber de buscarla y honrarla a fin de ser cada vez mejor persona. En este sentido, resuenan las palabras de Jesucristo: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto; y por ello, siendo la Verdad un atributo de Dios; su búsqueda, respeto y atestiguación constituyen deber fundamental de la moral cristiana.
Este deber moral de buscar, respetar y atestiguar la Verdad; interpela al venezolano de hoy, y le impulsa reaccionar -como en efecto ha reaccionado- ante un escenario político en que los gobernantes, de manera impúdica, echan mano de la posverdad: ese eufemismo de la mentira, que la Real Academia de la Lengua ha definido como la “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

Esta situación es particularmente grave, ya que el Estado venezolano cuenta con una hegemonía comunicacional absoluta, lograda no solamente con múltiples expropiaciones y cierres de medios libres, sino también con una planificada proliferación de medios ideologizantes a su servicio; así como un férreo control legal y administrativo del sector, a través de la amordazante Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE) y la censora Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

El Estado venezolano –por demás- hace gala de una eficaz ingeniería psico-política, hábilmente dirigida desde los servicios de inteligencia, y ejecutada por un formidable aparato de redes sociales, cuya misión es desinformar y generar confusión en la opinión pública.

En la Venezuela de hoy, el ciudadano común, en su azarosa búsqueda de la verdad, debe desmalezar cotidianamente el campo de la “información” circulante; un campo que el régimen se encarga de plagar de fake-news (noticias falsas): ese anglicismo de moda, con el que se llama a los contenidos pseudo periodísticos, difundidos a través de los medios y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación con fines de engañar a la población; así como manipular la opinión pública, e inducirla al error para obtener ventaja política y/o económica.

En estas circunstancias históricas, urge apuntalar los cimientos morales de nuestra República, debilitados por largos años de anti-valores predicados y practicados desde el poder, y entre los cuales se destacan la mentira, el engaño y la manipulación. La Verdad debe ser restaurada como valor fundamental de nuestra comunidad política. Y en este sentido, cobran gran importancia las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, Madre y Maestra de Humanidad, que nos enseña que “Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales: la convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad.” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 198).

Para restaurar los cimientos morales de la República, y muy particularmente el valor fundamental de la Verdad, se amerita de un gran esfuerzo como nación. En ese sentido, tanto los responsables de la vida pública como la ciudadanía en general, debemos emprender una histórica campaña de prolongado aliento, en procura de que la Verdad sea honrada en los más variados espacios y ámbitos de nuestra comunidad política. Y en ello tienen gran responsabilidad los liderazgos de todos los sectores políticos.

La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad, sin importar la tendencia, sector, partido o liderazgo político que pueda resultar afectado. El pueblo venezolano anhela y tiene derecho a ser libre, y para ello necesita mucho más que un urgente y justificado cambio de régimen. Todos, como sociedad, precisamos guiarnos por el esplendor de la Verdad: ese valor teológico-moral y también socio-político, indispensable para la auténtica libertad de los pueblos.

Sirva la ocasión para recordar y confiar en la promesa del Redentor:

“…la verdad os hará libres”.


Madrid, 10 de diciembre de 2019.