EL VALOR DE LA VERDAD EN EL ESTADO Y EL DERECHO VENEZOLANO

Por: Jonathan A. García Nieves

El valor de la Verdad es piedra angular en la edificación de toda comunidad política. El Estado y el Derecho requieren sustentarse en un profundo respeto a este valor, cuyo imperio es presupuesto indispensable tanto para la realización de la Justicia, como para el logro de la Paz: dos elementos claves para alcanzar la gobernabilidad y la estabilidad política.

Sin estricto apego a la Verdad, mal puede imperar la Justicia, ya que ésta última sólo puede brillar cuando es pronunciada sobre la base de hechos ciertos y fehacientemente comprobados. Sin fundamento en la Verdad, toda sentencia judicial será hija de la arbitrariedad y madre de la injusticia.

De igual manera, cuando el funcionamiento del aparato estatal se aparta de este valor fundamental, la credibilidad de las instituciones resulta corroída; generándose entre la ciudadanía un clima de desconfianza, incertidumbre y desasosiego generalizado; con lo cual la Paz de la comunidad política se vacía de contenido, quedando reducida a la tensa calma: estadio situacional en que, a pesar de la ausencia de guerra, se experimenta la ausencia de paz.

En medio de la mayor crisis nacional de nuestra historia, la sociedad venezolana tiene ante sí la titánica tarea de reinstaurar los cimientos morales, políticos y jurídicos de la República; entre los que se encuentra la Verdad. Restablecer el imperio de este principio-valor en nuestros distintos ámbitos relacionales, y muy particularmente en el de la comunidad política que todos conformamos, es una impostergable misión y una grave obligación inter-generacional de los venezolanos. Se trata de la reparación de un profundísimo daño moral, psico-social e institucional; gestado durante dos décadas de este totalitarismo adicto a la mentira, el engaño, la posverdad y la manipulación mediática, que es el chavismo.

Para cumplir con éxito esta histórica misión, los venezolanos hemos de tener presente que, en nuestro sistema político-constitucional, la Verdad no es un mero valor axiológico, y dista mucho de ser una idea carente de concreción jurídico-institucional. Por el contrario, en Venezuela, este valor ha sido acogido dentro del ordenamiento jurídico, confiriéndosele un lugar relevante en el Derecho Público, con efectos prácticos en toda la institucionalidad republicana.

Así, en nuestra república, la Verdad es más que una norma moral; alcanza a ser un principio jurídico-político, desarrollado mediante normas constitucionales y legales plenamente vinculantes y exigibles a todo ciudadano; y muy particularmente a aquellos que se encuentren investidos de autoridad, que son los mayores responsables de la vida pública y que, por tanto, deben abrazar y restablecer el referido principio-valor, en procura de perfeccionar toda estructura social, cultural, económica, jurídica y política del país.

El vigor de la Verdad como principio jurídico-político, sin duda alguna ha de ser restablecido en toda la institucionalidad republicana. No obstante, como prioritarios, nos atrevemos a considerar tres ámbitos en particular, a saber: 1. el ejercicio del Poder Público; 2. el régimen de los medios de comunicación social; y 3. la configuración del sistema educativo.

Empezando por el Poder Público, resulta indispensable que la rama Judicial se encuentre en manos de ciudadanos de una probidad ejemplar y ejemplarizante. Para ser juez o magistrado no basta con acreditar titulaciones universitarias en Derecho; más allá de la necesaria formación académica, se requiere de hombres y mujeres con un profundo compromiso con la Verdad, sin cuya valoración jamás podrán administrar verdadera y auténtica Justicia.

En ello, quienes hoy ocupan –en buena medida por usurpación- los órganos jurisdiccionales de la República, tienen la gran responsabilidad de intentar recordar –o, acaso, aprender por primera vez- aquel principio fundamental que, en su paso por el Alma Mater, intentaron enseñarles sus profesores de Derecho Procesal; y el cual fuera plasmado por el Legislador en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio…”

La República está urgida de un Poder Judicial independiente y ajeno a toda parcialidad política. Sólo así la sociedad venezolana podrá confiar en la Administración de Justicia; y, por ende, no se ameritará constituir ninguna ‘comisión de la verdad’ para llegar al fondo de los hechos de que se trate; pues tal figura no tiene lugar dónde y cuándo el Poder Judicial es fiel a su misión de conocer la Verdad, tenerla por norte de sus actos y declararla mediante sentencia.

Conforme a la Constitución y la Ley, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y, en general, todo organismo público; deben funcionar con sujeción al Principio de Transparencia Administrativa; el cual, para la ciudadanía, representa una garantía de fácil acceso a la verdad en relación con sus respectivas gestiones públicas. Sin apego a este principio de Transparencia -y aunque ello no fuere de manera dolosa- habrá siempre una reprochable ocultación de la verdad.

El Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; tiene especial responsabilidad en la restauración de la Verdad como valor fundamental de nuestra vida republicana. Los artículos 274 y 278 de la Constitución, le imponen la obligación de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; así como promover actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de las virtudes cívicas y los valores trascendentales de la República; uno de los cuales, conforme al artículo 45 del instrumento que rige el funcionamiento de este órgano del Poder Público (la Ley Orgánica del Poder Ciudadano), es precisamente la Transparencia, que exige de todo funcionario público “el respeto del derecho de toda persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla”.

La ciudadanía exige credibilidad a la República y, a su vez, ésta necesita la confianza de los ciudadanos para preservar su legitimidad como expresión jurídico-organizativa de nuestra nación. En este sentido, los órganos del Poder Público deben garantizar a todos los venezolanos su derecho de acceso a la información veraz; así como respetar la comunicación libre, plural, oportuna, imparcial y sin censura (artículo 58 de la Constitución); sin la cual los medios se ven impedidos de informar la verdad. La libertad de prensa es una garantía constitucional, y también una condición sine qua non para el pleno vigor de la democracia. De igual manera, informar la verdad es un derecho del mismo rango y valor que el de tener acceso a ella.

El declarar la verdad es un deber legal de todo ciudadano, incluidos los gobernantes. No fue el robo de documentos en Watergate lo que en 1974 provocó la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos; mas sí lo fue su pretensión de encubrir tal hecho, es decir, su afrenta a la Verdad en una sociedad política en que este valor es altamente estimado. En nuestro país existen normas jurídicas que constriñen a los gobernantes en igual sentido; pero, al no haber división de poderes ni estado de Derecho, quien hoy usurpa la presidencia de la República -al igual que antes lo hiciera su difunto predecesor- se permite mentir a sus anchas, ocultar la verdad de manera impune; ello bajo el amparo de sus colegas usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano.     

Por otra parte, observamos que el valor fundamental in comento también ha de ser restablecido en el sistema educativo venezolano. Tras largos años de su utilización como maquinaria ideologizante en favor del Socialismo castro-chavista, resulta perentorio que el Estado Docente retorne al marco constitucional (artículo 102), que establece que la Educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Una educación ideologizada e ideologizante se encuentra totalmente desnaturalizada como instrumento para la búsqueda y encuentro de la Verdad.

Particularmente en el ámbito de la educación superior, el régimen, de manera sistemática, ha asfixiado presupuestaria y financieramente a las universidades nacionales autónomas; por ser espacios de intelectuales entre los que son abierta minoría los adeptos a la “Revolución Bolivariana”. Pero, al mismo tiempo, se ha instituido y provisto de recursos a la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV): una institución que, desde su fundación en 2003, ha sido utilizada como el más alto espacio para la ideologización en favor del autodenominado "Socialismo del Siglo XXI"; lo cual constituye una inefable negación de la esencia académica y del espíritu universitario que, tal como lo establecen los artículos 1 y 4 de la Ley de Universidades, se encuentran en la “la tarea de buscar la verdad”, de manera “abierta a todas las corrientes del pensamiento universal”.

En este escenario, la desideologización de la enseñanza ha de ser, sin duda, de nuestros mayores esfuerzos por recuperar los cimientos institucionales de nuestra República. Y en ello queremos cifrar hoy nuestra esperanza ciudadana y académica.

Más pronto que tarde, habremos restablecido el orden de las cosas en nuestro país. En ese tiempo resplandecerá nuevamente la luz de la Verdad; y, con ello, el venezolano, ya liberado de su esclavitud a la mentira sistémica instaurada por el régimen, tendrá nueva oportunidad de experimentar una de las más grandes promesas del Redentor: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32).

Madrid, 05 de febrero de 2020.

EL DESPRECIO POR LA VIDA HUMANA EN EL PENSAMIENTO SOCIALISTA

Por: Jonathan García Nieves

Dada la influencia cristiana en la cultura occidental, tanto el respeto a la vida humana como la solidaridad, representan valores fundamentales de nuestras sociedades políticas. Estos valores, derivados de la razón humana y afianzados en la revelación bíblica, se encuentran tan profundamente arraigados en nuestra conciencia colectiva, que han alcanzado un vigor meta-religioso, esto es, un grado de coercibilidad moral que ha sobrepasado los límites de la cristiandad; incidiendo en la conducta de las grandes mayorías sociales de Occidente, sin distingo de credo alguno.

Estos dos valores se derivan del principio de Dignidad de la Persona Humana, cuyo argumento racional consiste en que el hombre, por el solo hecho de serlo, tiene un valor que le es inherente en cuanto ser dotado de racionalidad y libre albedrío. Desde el punto de vista de la fe, el Cristianismo nos ha revelado esta dignidad en su plenitud teológica, esto es: por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, por haber sido redimido por Cristo y por ser templo del Espíritu Santo; cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, sin distingo de ningún tipo; goza de una dignidad irreductible en todas las dimensiones y estadios de su vida. La persona humana es sujeto, no objeto; un alguien y no un algo; razón por la cual tiene un valor superior a todos los bienes, materiales e inmateriales. Y justo por ello es que el Cristianismo rechaza y condena que el capital sea puesto por encima del hombre.

Esta dignidad de la persona humana es  imperecedera, imprescriptible. Su duración es de extremo a extremo de nuestra existencia; en virtud de lo cual la vida humana debe ser respetada, preservada y protegida en todos sus estadios, desde la concepción hasta la muerte natural. Asimismo, la dignidad humana es causa de nuestro deber de solidaridad para con el prójimo. La solidaridad debe ser practicada para con el necesitado, ya que éste comparte con nosotros la misma dignidad humana.

Conforme a la moral cristiana, la dignidad de la persona humana nos insta a la valoración de la vida (propia y ajena) como un don divino, así como a la práctica de la solidaridad para con nuestros congéneres; siendo que estos dos valores (respeto a la vida humana y solidaridad) tienen su fundamento en el mandamiento de “Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo”. Por amor a Dios y a nosotros mismos, debemos valorar y conservar nuestra propia vida; y por amor a Dios y al prójimo, debemos valorar la vida de este último y ser solidarios con él en la procura de su preservación. Asimismo, conforme a la doctrina cristiana, la vida humana debe ser vivida y compartida en el amor (“Amaos los unos a los otros”); siendo el amor la gran fuerza motriz de la solidaridad (“Lo que hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”).

Por estas razones, en toda sociedad de base cultural cristiana, resultará difícil de rechazar a priori una oferta ideológica que superponga al hombre sobre el capital, y que también muestre cierta preocupación por los sectores más débiles, vulnerables e indefensos del cuerpo social. Sin duda que estas dos posiciones, prima facie, pueden dar la impresión de que estamos ante una ideología que valora la vida humana.

En su discurso -que no su praxis- la ideología socialista propugna estas ideas. De allí que constituya un virus capaz de sortear las primeras barreras de defensa axiológica de nuestras sociedades políticas, culturalmente abiertas a la vida y dispuestas a la solidaridad. Y justo por ello, esta corriente de pensamiento político tiene una presencia particularmente endémica en nuestra región latinoamericana, pues se trata del mayor pulmón de la Cristiandad, “el continente de la esperanza” en palabras de Juan Pablo II.

Como lluvia copiosa, el ideario socialista ha permeado el pensamiento de distintas generaciones en diversos países de cultura cristiana. Inducidos al error, víctimas de una oferta político-ideológica fraudulenta, muchos han llegado a asumir el Socialismo como una corriente beneficiosa para la vivencia de los valores in comento. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un auténtico canto de sirenas, un timo ideológico no apto para desprevenidos.

Quién no se detenga a analizar las inconsistencias filosóficas del Socialismo, corre el riesgo de ceder ante sus seducciones, y terminar convirtiéndose, precisamente, en un instrumento ciego contra la defensa y protección de la vida humana, y contra la solidaridad en sus circunstancias de mayor vulnerabilidad.

Por el solo hecho de superponer el ser humano al capital, el socialismo no está reconociendo la plena dignidad de la persona humana; simplemente está poniendo al  capital por debajo del hombre, pero ello dentro de una escala en la que éste (el hombre) se encuentra por debajo del Estado, y este último por debajo de la Revolución; lo que, irremediablemente, conduce a un totalitarismo arbitrario y aplastante en que la persona es cosificada por el Estado, instrumentalizada por la Revolución, y tratada como mera pieza del sistema por el tiempo que sea pueda serle útil a éste.

El solo hecho de combatir la inmoral primacía del capital sobre el hombre, no hace de la ideología socialista una corriente favorable al ser humano. El socialismo es un pensamiento anti-humanista, esencialmente materialista, que niega la esencia espiritual y trascendente del hombre y que, por ende, valora únicamente el aspecto físico de la vida humana. Siendo, además, que esta valoración física es sólo por un tiempo limitado: mientras la persona sea lo suficientemente fuerte e independiente para no requerir del auxilio de sus congéneres. Por ello, la izquierda mundial aboga por el abortismo y la eutanasia.

Para los socialistas, el ser humano, en los frágiles extremos de su existencia biológica (fases intrauterina y de proximidad a la muerte natural), no es un ‘alguien’ sino un ‘algo’, una cosa de la que se puede disponer. Para ellos, la vida del ser humano en el vientre de la mujer, es concebida como un apéndice del cuerpo femenino, una especie de órgano, y casi que un tumor extirpable a voluntad de la madre filicida. Para ellos, asimismo, la vida del enfermo terminal no es más que un desecho familiar.

En el ADN del Socialismo se encuentra el gen de la contradicción más profunda a sus postulados de defensa y solidaridad para con los desvalidos y más vulnerables. Para encontrarse con la veracidad de esta afirmación, bastaría con dar sincera respuesta a las siguientes interrogantes:

¿El derecho a la vida es exclusivo de las personas sanas y que puedan valerse por sí mismas? ¿Tenemos el deber legal y moral de socorrer a una persona que desea suicidarse, pero no con respecto a una persona que, por estar impedida de suicidarse, le pide a otra que le cause la muerte por eutanasia? ¿La solidaridad y el deber de socorro que nos instan a salvar la vida de un criminal que corre el riesgo de morir en su claustro carcelario; no procede para salvar al ser humano mientras está en el claustro materno? ¿Mientras está en el vientre de su madre, el hombre no es ser humano? ¿Si una madre primeriza lo es, precisamente, por su relación con el niño que lleva en su vientre, y este niño no es una persona sino una cosa desechable, entonces la mujer embarazada tiene relación de maternidad con respecto a una cosa? ¿Puede protegerse y defenderse al desvalido -incluidos el enfermo terminal y el ser humano intrauterino- sin respetar el más sagrado de sus derechos, que es la vida?

Lo que resulta una perogrullada viene a ser el mayor signo de contradicción en la bitácora del buque socialista. Éste, una vez asumido el poder político, siempre encalla en las aguas poco profundas del irrespeto a la dignidad humana. Los más vulnerables: aquellos a quienes se ha ensalzado y seducido con promesas de protección, respeto y defensa; terminan siempre pisoteados, cosificados cual si fueran simples piezas en el juego revolucionario.

La vida, el más sagrado de los derechos humanos, es tratado por el Socialismo como si fuera un plus en la esfera jurídica del hombre: un atributo del que se puede carecer según las circunstancias previstas por el sistema.

Al concebirse la vida humana de manera reductivista (sólo en sus dimensiones material y temporal, y excluyendo sus extremos inicial y final), se incita a la cultura de la muerte y de la insolidaridad; se pretende vaciar de contenido moral el deber de no matar, así como el de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para preservar la vida propia y ajena.

Es tal el desprecio por la vida humana en el pensamiento de izquierda, que mientras su abortismo militante les lleva a considerar al feto humano como un mero apéndice del cuerpo femenino, un ‘algo’ carente de todo derecho porque -según ellos- no es persona; por otra parte, incurren en la aberración jurídica de declarar a las semillas de las plantas como sujetos de Derecho. Sí, apreciado lector, tal cual: un sujeto de Derecho, es decir, un sujeto capaz de ser titular de derechos y vincularse mediante obligaciones personales; tal como lo sabe cualquier estudiante de primer año de Ciencias Jurídicas. En este sórdido despropósito incurrió la mayoría parlamentaria del socialismo chavista cuando, en 2005, dictó una Ley de Semillas venezolana, en cuyo artículo 4 estableció que “Se reconoce a la semilla como ser vivo y (...) y sujeto de derecho…”

Así son las cosas en el socialismo: un sistema de creencias con los valores a todas luces invertidos; donde una semilla (ad exemplum: un frijol) es reputada como sujeto, mientras que un ser humano es tratado como objeto. Para los socialistas, una semilla es un sujeto de Derecho; lo que implicaría la posibilidad de que la ésta sea titular de derechos -incluida la vida-, mientras que un ser humano en el vientre materno, carece de derecho a la vida porque no es un sujeto sino un objeto. En pocas palabras, para un socialista, el niño que una mujer lleve en su vientre no tiene madre sino ‘propietaria’.

Más que dantesco resulta el imaginarse a alguna de las ‘parlamentarias del horror’, (diputadas chavistas que aprobaron semejante aberración legislativa), arrullando tiernamente a un grano de frijol o de arroz, después de haber abortado -asesinado-  al hijo que llevaba en su vientre.

Olvidaron los socialistas chavistas que la semilla es capital, un insumo para el agro;  y que, por tanto -apegados al pensamiento del propio Karl Marx- mal puede ser privilegiada por encima del ser humano en su fase intrauterina. ¡Vaya contradicción!

Mientras redactamos estas palabras, los socialistas avanzan en sus procesos legislativos para despenalizar el aborto en México y para aprobar la eutanasia en España. Son persistentes en su misión de instaurar la cultura de la muerte y de la insolidaridad para con los seres humanos más desvalidos y vulnerables.

Oportunidad para que nuestras naciones hagan gala de ese gran acervo moral de nuestra cultura cristiana, que es el humanismo integral; y, solidariamente, plantemos cara en defensa de la vida humana, muy especialmente en ese sagrado estadio que es la gestación en el vientre materno.

“Antes de haberte formado yo en el vientre de tu madre, te conocía; antes de que salieras de su seno te consagré.” (Jer. 1:5).

Madrid, 23 de febrero de 2020.